Las perspectivas económicas mundiales

Las perspectivas económicas mundiales concitan hoy opiniones polares. Hay quienes creen que como consecuencia de una política monetaria muy expansiva de la Reserva Federal, la inflación aumentará rápidamente y más adelante, una nueva recesión sería la consecuencia inevitable del ajuste monetario necesario para revertir ese proceso inflacionario. Por el contrario, otros piensan que China, India y los PIGS en proceso de ajuste, generan un exceso de oferta que ejercerá una presión deflacionaria y un crecimiento mundial lento, sino negativo. Mi impresión es que vamos a un escenario intermedio y positivo, con inflación baja y crecimiento mundial relativamente alto aunque dispar. Pero veamos de qué depende esta prognosis.

La tesis deflacionaria
En un artículo reciente en el Financial Times, Martin Wolf sostiene la tesis deflacionaria. Su argumento es que Alemania está forzando un ajuste deflacionario de los PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y España); y China, con su decisión de no revaluar el Yuan, está forzando a que el ajuste de los desequilibrios se realice a través de una deflación americana. Mientras el Yuan siga pegado al dólar americano, Estados Unidos continuaría importando el impacto deflacionario de las exportaciones chinas. Si el consumo no se recupera por el impacto del desempleo y la situación fiscal exige reducir el déficit, las exportaciones serían el único camino de salida para el crecimiento americano. Pero sin una revaluación de China, la única manera de que la economía americana se vuelva más competitiva seria a través de una deflación interna.
Martin Wolf es pesimista sobre el futuro de la economía mundial. Su tesis se sustenta en un modelo conceptual de tipos de cambio fijo en el que los desequilibrios entre países deben resolverse teóricamente a través de deflación y recesión de los países deficitarios e inflación y crecimiento superior al promedio en los países superavitarios. Este ajuste estaría hoy siendo postergado por déficit fiscales insostenibles en los países deficitarios. El cree que si los países superavitarios (China y Alemania) no aceptan expandir sus economías y tener eventualmente una mayor inflación; e insisten –para proteger el valor de sus acreencias- en que los países deficitarios (USA y PIGS) ajusten sus déficits fiscales, el mundo se encontrará inevitablemente atrapado en una insuficiencia de demanda agregada que llevará a un débil crecimiento mundial promedio, con recesión y deflación de los países deficitarios. En estas circunstancias el riesgo de resurgimiento de políticas proteccionistas sería alto.

Las limitaciones de la tesis deflacionaria
La debilidad de la tesis de Wolf radica en que ignora las consecuencias de que los principales países involucrados determinan la oferta monetaria mundial. La Reserva Federal (en el caso de USA) y el Banco Central Europeo pueden expandir sus ofertas monetarias y lograr que -aún con tipos de cambio fijo- los ajustes entre países se puedan realizar sin deflación en los países deficitarios aunque a costa de una mayor inflación en los países superavitarios. Una tasa de inflación mundial mayor puede facilitar un proceso de ajuste de desequilibrios entre países ya que no exigiría que los países deficitarios deban pasar por períodos deflacionarios y recesivos.
Por supuesto que la flexibilidad cambiaria seria más eficiente pues podrían ajustarse los desequilibrios sin requerir una mayor tasa de inflación mundial. Sería posible por ejemplo que si Grecia se saliera del Euro y devaluara, pudiera evitar un prolongado periodo de recesión y deflación. Sería posible que si China revaluara el Yuan, USA tuviera menos presiones deflacionarias y la competitividad de sus exportaciones a China aumentara inmediatamente.
Pero el hecho es que hay tremendos obstáculos políticos para que la flexibilidad cambiaria sea el instrumento de ajuste. En el caso de la Unión Europea, una salida de Grecia sería una invitación a que otros PIGS lo hagan y el Euro se destruya, con sus indeseables consecuencias políticas. En el caso de China, la revaluación del Yuan es vista por las autoridades como un peligro para el proceso de desarrollo; la revaluación además facilitaría que la Reserva Federal aumente la inflación americana con su política expansiva y licúe el valor real de las tenencias chinas de Bonos del Tesoro.
¿Estaríamos condenados a una recesión o débil crecimiento mundial si el Euro no se quebrara y China no revaluara el Yuan? Decididamente no. La razón es que aún con tipos de cambio fijos la política monetaria expansiva de los países centrales actuaría por otros caminos para lograr los mismos resultados globalmente expansivos.
Partamos del punto de que política monetaria de la Reserva Federal será todo lo expansiva que sea necesario para evitar una deflación interna; y se mantendrá así hasta lograr un retorno a tasas de desempleo más normales para la economía americana. Esto seguramente implicará tasas de interés muy bajas por un prolongado período y más aún, la amenaza latente de una licuación posterior de la deuda americana.
¿Qué pueden hacer los chinos, aún empecinados en no revaluar su moneda? La primera alternativa es aceptar las tasas de interés bajas y el peligro de licuación y seguir financiando con sus superávits actuales los desequilibrios americanos. Este comportamiento permitiría el financiamiento del déficit americano a menor costo (nominal y real), mejorando su sostenibilidad. La política monetaria podría continuar siendo agresiva en pos de la recuperación americana pues las importaciones de china contendrían la inflación y el flujo de capitales chinos permitiría tasas de interés muy bajas.
Una segunda alternativa es que el gobierno chino decida congelar sus tenencias de bonos americanos y para ello eliminen sus superávits actuales. Esta decisión implicaría aumentar el gasto interno (via déficit fiscal o expansión del crédito bancario) lo necesario para eliminar el superávit comercial. Si esta fuera la opción elegida, la economía china aceleraría su crecimiento, aumentaría su tasa de inflación, las exportaciones se desacelerarían y las importaciones aumentarían. La eliminación de sus excedentes comerciales tendría una consecuencia inmediata sobre la economía americana, que podría aumentar sus exportaciones a China y probablemente reduzca sus importaciones por encarecimiento de los precios chinos. Aún con el Yuan pegado al dólar, la mejora de las cuentas externas americanas podría reemplazar al estímulo fiscal para reactivar la economía.
La tercera alternativa es que el gobierno chino, temeroso del recalentamiento y el aumento de la tasa de inflación asociada a la opción anterior, decida evitar el aumento del gasto interno; y frente a la decisión de no arriesgar más en Bonos del Tesoro, le busque otro destino a sus excedentes financieros. La alternativa aquí sería acelerar sus inversiones reales o financieras en el mundo en desarrollo. Si este fuera el camino, las inversiones chinas implicarían un ingreso de capitales al mundo no desarrollado que llevaría a su apreciación cambiaria (via apreciación nominal o inflación interna), al aumento de sus importaciones y la reducción de sus exportaciones. La economía americana volvería a beneficiarse a través de mejorar su saldo externo vis a vis un mundo en desarrollo con déficits crecientes financiados por los chinos.
El análisis keynesiano –intensamente utilizado por Krugman y Stiglitz para recomendar más estimulo fiscal- supone que el impacto de la política monetaria expansiva es despreciable y no es sustituto de la política fiscal. Su supuesto es solo válido en una dinámica deflacionaria, que se planteó como posibilidad a fines de 2008 pero que hoy ya ha sido superada (la tasa de inflación del mundo desarrollado excluido Japón es baja pero positiva). El punto central a reconocer es que las reservas chinas –como las de cualquier país- no son un agujero negro que se traga la demanda mundial, menos aún con mercados financieros normalizados. Los chinos siempre reciclarán sus reservas sea gastándolas, invirtiendo en bonos que financian gasto fiscal de terceros países o invirtiendo directamente en terceros países. Aún si compraran oro, quien se los venda reciclará los dólares de alguna manera. En circunstancias normales la política monetaria expansiva funciona inexorablemente a través de múltiples caminos como los descriptos para reactivar la economía sin necesidad de estímulos fiscales crecientes.

La hipótesis inflacionaria
En el otro extremo de las predicciones están quienes ven en la expansión monetaria de los países desarrollados el argumento para predecir una explosión inflacionaria a corto plazo. Los asiste la experiencia que la política monetaria finalmente afecta la tasa de inflación, tanto más cuanto más expansiva sea esa política. Pero sus temores están exagerados pues la extraordinaria expansión monetaria de la Reserva Federal ha meramente satisfecho una demanda extraordinaria de activos líquidos originada en el pánico financiero post Lehman. La Reserva Federal está atenta a que a medida que retorne la confianza, deberá retirar paralelamente el excedente monetario generado en el 2009; y tiene instrumentos para hacerlo. Sus indicadores son por supuesto la tasa de inflación, el nivel de empleo y la actividad económica, de acuerdo a los cuales irá revisando su política monetaria.

Conclusión
En definitiva, en mi opinión la probabilidad de los escenarios polares (deflación o explosión inflacionaria) es muy baja dado el comportamiento probable de la política monetaria de los países desarrollados. Mi impresión es que vamos a una economía mundial que retoma paulatina y sostenidamente un crecimiento alto con inflación baja, ya que subsisten los factores reales que condicionan una economía mundial con altas tasas de ahorro e incorporación masiva de mano de obra a la globalización.
No existe sin embargo manera de predecir las características específicas de ese escenario global. Es lógico esperar que la tasa de inflación de China y otros países en desarrollo (beneficiados con altos precios de las commodities) sea superior a la de los países centrales, pero la magnitud de esa diferencia depende de en qué medida los países en desarrollo opten por la apreciación cambiaria como mecanismo de ajuste.
También cabe esperar que el crecimiento de China y otros países en desarrollo continúe siendo más alto que el crecimiento en el mundo desarrollado, pero no podemos predecir cuánto. Las condiciones para una ampliación de esa diferencia parecen estar dadas, ya sea por la persistencia de las altas tasas de ahorro en China como por factores estructurales que están pesando crecientemente sobre las economías desarrolladas, especialmente el envejecimiento poblacional y sus consecuencias sobre el gasto fiscal y el endeudamiento público. Es probable además que al acelerarse el crecimiento mundial, el precio del petróleo vuelva a aumentar y se convierta en otro lastre para el retorno de los países desarrollados a su tasa natural de crecimiento.
Finalmente comparto con Wolf las preocupaciones por un sesgo hacia el proteccionismo y otras tendencias intervencionistas en los países desarrollados, pero no como consecuencia de un probable fracaso de la macroeconomía global sino por las consecuencias políticas de los cambios regresivos en la distribución del ingreso que son un producto natural de esta globalización.

El Modelo del Bicentenario

Mientras Kirchner no descansa y trabaja frenéticamente para robarse todas las banderas “progresistas”, destruir a sus competidores y ser reelecto en el 2011, la oposición está consensuando el siguiente diagnóstico:
• Estamos frente a un problema esencialmente político, de una democracia corrompida por la concentración del poder en el Poder Ejecutivo nacional;
• Para superar esta situación, la oposición debería acordar un pacto de la Moncloa argentino que comprenda las políticas de estado que ejecutará quien gane en el 2011 con el apoyo del resto del espectro político.

¿Será este planteo suficiente para superar nuestros males? Las dudas son varias. Los vicios de nuestra democracia, ¿son atribuibles exclusivamente a los Kirchner? ¿O responden a problemas sociales y culturales más profundos? ¿Bastará con que los Kirchner sean derrotados en el 2011 para poder recuperar una democracia con equilibrio de poderes y un modelo económico que permita crecer sostenidamente y reducir la pobreza? ¿Qué tipo de políticas de estado puede consensuar hoy la dirigencia opositora? Pues no basta consensuar en el error sino es necesario acertar con las políticas de estado adecuadas.

El punto de partida de esta nota es simple: la cultura media de nuestra población es la que determina la calidad de nuestra política. El empobrecimiento de las mayorías es lo que condiciona que una clase política que necesita de los votos para competir por el poder, llegue a consensos distribucionistas que atentan contra el crecimiento. Hoy mandan las encuestas y la tendencia de mediano plazo es muy preocupante, pues es difícil que la política tome un camino independiente de la evolución de las variables sociales. La pobreza mayoritaria lleva generalmente a políticas de estado distribucionistas y éstas desalientan la inversión y multiplican la pobreza, condenándonos así a un círculo vicioso.

Para poder salir de la trampa primero cabría revertir los factores que están multiplicando la pobreza; segundo, deberíamos aspirar a un modelo de país distinto, donde sea mayoría una clase media de ciudadanos independientes y responsables -no los dependientes del Estado-; y tercero, deberíamos cambiar radicalmente el modelo económico y la política migratoria para acercarnos a esa meta.

El circulo vicioso

Las tendencias demográficas y sociales que se visualizan en nuestro país muestran un empobrecimiento de la clase media y un crecimiento estructural de la pobreza. Esta evolución no es casualidad sino es consecuencia inevitable de la inmigración de pobreza de países vecinos, de la mayor tasa de natalidad de nuestra población pobre y de la emigración de los hijos de familias de clase media y alta. También es consecuencia de la destrucción de la educación pública, de un clima de negocios que atenta contra la inversión privada y del crecimiento de la presión tributaria que desalienta el trabajo formal. La calidad educativa es particularmente importante para la prosperidad de la clase media cuando cientos de millones de trabajadores se están incorporando a la globalización dispuestos a sacrificios máximos para superar la pobreza.

El crecimiento relativo de la población pobre tiene consecuencias políticas inevitables, la principal de las cuales es un electorado crecientemente dispuesto a responder a propuestas distribucionistas. En una democracia con voto universal los representantes adecuan sus propuestas a las encuestas y las políticas tienden así a coincidir con los intereses de las mayorías empobrecidas. “Pretendo pelearle al peronismo esa bandera de la justicia social”, declara el nuevo presidente del radicalismo Ernesto Sanz. Pero claro, esa competencia por el poder augura la continuidad de un círculo vicioso, pues las propuestas distribucionistas ahuyentan la inversión, destruyen la cultura del trabajo, fomentan la paternidad irresponsable -con los subsidios a la niñez- y generan cada vez más pobres.

La destrucción del espíritu de competencia entre los empresarios protegidos; y de la cultura del esfuerzo entre los recipientes de las dádivas estatales, es una pieza clave del círculo vicioso. “El énfasis excluyente en la distribución está convirtiendo a millones de argentinos, sean obreros o empresarios, en mendicantes del Estado”, nos dice con razón Mariano Grondona. ¿Qué han de apoyar electoralmente esas mayorías que viven del empleo público, de una jubilación estatal, de un plan Familias, o de los negocios con el Estado, sino el agrandamiento de las prebendas distribucionistas?
En este círculo vicioso se encuentra hoy nuestro país y esto explica por qué la oposición compite con propuestas aún más generosas que las del oficialismo (el subsidio universal a la niñez es el ejemplo más reciente). Explica por qué a Kirchner le ha sido posible encontrar aliados circunstanciales entre la oposición para sancionar leyes “progresistas”. Explica también el creciente peso político de las organizaciones piqueteras que representan a sectores informales cada vez más numerosos.
El consenso del bicentenario

En este contexto la idea que ronda por la oposición es un pacto de la Moncloa argentino, capaz de generar un consenso multipartidario que se traduzca en políticas de estado que ejecutaría quien gane las elecciones del 2011 con apoyo de quienes pierdan. La manifestación más destacada de esta idea es el Plan elaborado por Terragno y apoyado por Duhalde. Se trata de un plan industrialista/desarrollista que cuenta con el apoyo de la UIA. El gravamen de la renta financiera, la desgravación de las utilidades reinvertidas, una fuerte presión impositiva para financiar un estado de bienestar universalista, un programa importante de inversión en infraestructura, son algunos de sus rasgos centrales. De reducir los impuestos al comercio exterior ni se habla. Tampoco se habla de cambiar la política migratoria, ya que los empresarios consideran que la inmigración de mano de obra barata baja los costos laborales y permite competir con Brasil. Se trata del mismo modelo proteccionista en lo comercial, con inmigración de pobreza de países vecinos y una política impositiva asfixiante para financiar un estado de bienestar con políticas universales.

El plan Terragno podría ser una mejora marginal frente a los excesos del Kirchnerismo si se revirtiera la desinversión en infraestructura, si hubiera menos discreción y más respeto por los intereses de la empresa privada y se restaurara el superávit fiscal. Pero es la continuidad de un modelo de país que nos hace perder las oportunidades comerciales que hoy ofrece la globalización, nos asemeja cada vez más a Latinoamérica –sociedades con pocos ricos muy ricos y mayoría de pobres dependientes del Estado- y tiene el potencial de acelerar un círculo vicioso donde la pobreza condiciona políticas populistas y las políticas populistas provocan más pobreza.

Democracia y crecimiento económico

La conciliación de democracia y crecimiento económico es muy difícil en países con extensas mayorías de población pobre. Ahí están los ejemplos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, en los que el proceso democrático ha degenerado en gobiernos reivindicatorios de las mayorías populares, que atentan contra los derechos de propiedad, destruyen la confianza y multiplican la pobreza. Argentina, que era un país distinto con una clase media imbuida de los valores del esfuerzo individual y el ahorro, ingresó en ese círculo vicioso en 1945 y está por verse si podrá salir de él.

El círculo virtuoso entre democracia y crecimiento económico puede darse, pero es un estrecho pasaje que necesita simultáneamente una clase política que renuncie al populismo y una exitosa economía de mercado que genere simultáneamente crecimiento y reducción de la pobreza y desarrolle una mayoritaria clase media independiente -no prebendaría del Estado- que sirva de sostén político para la continuidad de una economía abierta y competitiva.

Brasil y Chile son dos modelos distintos en la búsqueda de ese estrecho pasaje. Brasil tiene cada vez más peso en la esfera internacional por su tamaño y por la coherencia histórica de su política exterior (mientras nosotros carecemos de tamaño y de confiabilidad internacional). Las poderosas centrales empresarias han logrado influir para encarrilar la política interna hacia un respeto de sus intereses, aunque al costo de aceptar una altísima presión tributaria y una extendida intervención distributiva del Estado. Esta combinación parece apropiada y suficiente en un contexto internacional muy favorable. Pero la vulnerabilidad del modelo brasileño radica en que como consecuencia del proteccionismo industrial y de las ineficiencias asociadas a la intervención estatal distributiva, la economía crece poco y no transforma pobres en ciudadanos de clase media independientes, sino en una masa de dependientes del estado, enemigos crónicos de los valores del esfuerzo individual. El riesgo del modelo brasileño es que como consecuencia de algún tropezón económico, probablemente relacionado al fin del contexto internacional favorable, las mayorías electorales reclamen una nueva vuelta de distribucionismo y el país cambie hacia un círculo vicioso, como ocurrió en Argentina luego del 2001.

El modelo chileno en cambio está también apoyado en una institucionalidad política que respeta los intereses empresarios pero dentro de un modelo con libertad de comercio exterior y un Estado mucho más chico. Esto le ha permitido crecer espectacularmente y reducir genuinamente la pobreza generando empleos (no artificialmente subsidiando la pobreza). Consecuentemente el modelo chileno está en un círculo virtuoso, pues su éxito está cambiando la cultura de empresarios y obreros que crecientemente creen en la iniciativa privada y no en las prebendas estatales. Ese cambio cultural sostiene políticamente un modelo de economía abierta y competitiva y Chile está a punto de elegir como presidente a un empresario multimillonario.

La visión de quienes proponen nuestro Pacto de la Moncloa es emular a Brasil. Los politólogos ansían emular la calidad de su política y los empresarios prebendarios ansían adquirir la capacidad de lobby de sus colegas brasileños. Pero la comparación entre los dos países vecinos sirve para demostrar que el modelo a emular es Chile, que tiene mayor calidad institucional, menos corrupción, mayor capacidad de crecer y reducir la pobreza y consecuentemente mayores chances de sostenibilidad política.

El modelo del bicentenario no debería perpetuar el modelo industrialista, sino volcarse al libre comercio. No debería mantener la inmigración de pobreza sino tener una política migratoria selectiva. No debería continuar con un distribucionismo universal -que requiere una presión impositiva que anula la competitividad y genera informalidad- sino limitar la intervención distributiva a atender la extrema pobreza. No debería mantener la dependencia política de los gobiernos provinciales a través de la coparticipación federal y otras transferencias, sino darles la responsabilidad de manejar sus gastos con recursos propios. No debería mantener la educación secuestrada por los intereses de los burócratas provinciales y de los gremios docentes de la CTA, sino hacerla competitiva y meritocrática.
Si emulamos a Brasil, seguiremos pareciéndonos cada vez más a ese país, creciendo de manera mediocre y concentrada, acumulando villas miserias en nuestros conurbanos, multiplicando el crimen y el narcotráfico y prolongando un círculo vicioso a través de la influencia del deterioro social sobre el populismo político.
Pero la pregunta del millón es cómo cambiar un modelo intervencionista que desde 1945 ha creado tantas deformaciones culturales e intereses políticos y económicos coincidentes con su perpetuación.

La perpetuación de la pobreza

“La pobreza en Argentina es un escándalo”, nos recuerda el Papa. Sus palabras han puesto el tema nuevamente sobre la mesa y se está generando un amplio consenso en el espectro político que la solución pasa por un subsidio universal a la niñez. La idea luce como atractiva frente a un problema de pobreza e indigencia que ha sido resistente al crecimiento económico de los últimos años. Pero es una típica solución cortoplacista que ignora las consecuencias de largo plazo: la ampliación y perpetuación de la pobreza.

La asistencia a la pobreza e indigencia es un recurso de última instancia y cuando se hace inevitable es un reconocimiento de fracaso frente a un objetivo mil veces superior: que los pobres superen su situación con un empleo digno. ¿Por qué un país con las condiciones de Argentina no puede emplear dignamente a toda su población aún después de crecer 5 años a tasas chinas? El populismo y la izquierda “progre” culpan al mercado por excluyente, concentrador y poco solidario. Pero hace muchas décadas que Argentina no tiene políticas de mercado a las cuales culpar de nuestros males presentes. Los interregnos neoliberales realizaron intentos tibios e insuficientes para remover las trabas al comercio exterior, para frenar el crecimiento del gasto público y de la presión tributaria, para evitar la imprudencia fiscal, la violación de los derechos de propiedad y el intervencionismo en los precios y salarios que se instalaron en nuestro país desde el advenimiento del populismo. ¿Hace falta recordar cómo creció Argentina y cuánta inmigración atrajo hasta 1930? La decadencia argentina ha sido producto de 70 años de intervencionismo económico y desprecio de los beneficios de la libertad de comercio.

Los pobres e indigentes en la Argentina no encuentran trabajo formal digno porque la destrucción de la educación pública –obra de la burocracia estatal y de los gremios educativos- les impidió acceder a las capacidades mínimas para emplearse. No encuentran trabajo formal pues la enorme presión tributaria los descoloca frente a países que tienen menos impuestos y mayores capacidades laborales de su población. No encuentran trabajo formal pues la legislación laboral fija salarios mínimos y otras condiciones laborales inconsistentes con la productividad del asalariado argentino poco calificado. No encuentran trabajo formal pues los capitales fugan a invertirse en el exterior en respuesta a las intromisiones y expropiaciones estatales recurrentes. Con estas condiciones producidas por el intervencionismo estatal, sólo acceden a trabajos informales mal remunerados. Pero aún para conseguir esos trabajos tienen que competir con inmigrantes pobres de países vecinos, que ingresan al país amparados por una legislación migratoria permisiva que es absolutamente inconsistente si realmente nos preocupara la pobreza. Muchos quedan afuera aún de esa competencia y sobreviven como cartoneros, cirujas o indigentes mendicantes.

Nuestra pobreza es realmente escandalosa, pero no porque la economía de mercado con un estado limitado sea un fracaso (China y Chile así lo atestiguan); ni siquiera porque los argentinos seamos poco solidarios; sino porque el intervencionismo estatal adoptado desde 1945 para beneficiar al pueblo, se ha vuelto contra él.

El (escandaloso) drama subyacente es que nuestra clase política cree lo opuesto, que el mercado es todavía demasiado importante y culpable de estos males y que se necesita aún más distribucionismo estatal para solucionar la pobreza. Esta idea no es patrimonio de los Kirchner ya que la mayor parte del espectro político esta convergiendo ahora a la idea que se necesita un subsidio monetario a la niñez (a ser entregado al jefe/a de hogar). Recordemos cuáles son sus problemas.
1. El primer problema es su alcance. Si fuera universal sería demasiado costoso e injusto, ya que lo recibirían familias de ingresos medios y altos que no lo necesitan. El costo fiscal requeriría más impuestos que aumentarían las distorsiones que impiden el empleo formal.
2. El segundo problema es que si se intentara focalizar el subsidio en efectivo a los más necesitados, no habría datos confiables sobre quiénes son los pobres e indigentes que ameritan recibir el beneficio. A falta de indicadores objetivos, se recaería nuevamente en el criterio clientelista de gobernadores, intendentes y punteros.
3. El tercer problema es que un subsidio en efectivo le permitiría al jefe de hogar disponer de los fondos como le plazca y no necesariamente cumplir con la intención de la legislación de cubrir las necesidades básicas de la familia.
4. El cuarto problema es que aumentaría los incentivos perversos para la maternidad irresponsable. El “negocio” de las madres pobres sin educación se transformaría en tener hijos y así la reproducción de la pobreza quedaría asegurada.
5. El quinto problema es que la madre receptora del beneficio se independizaría del hombre proveedor, destruyendo los incentivos para constituir familias tradicionales que sean un ámbito adecuado para el crecimiento de los hijos.
6. El sexto problema es que el beneficio monetario perpetúa la dependencia mental y atrofia la capacidad de los asistidos para convertirse mediante su esfuerzo personal en ciudadanos responsables de su futuro.
7. El último -pero no menos importante- problema es que aumentan los incentivos para la inmigración de pobres de países vecinos y el problema se agranda.

Si subsidiamos la pobreza, sin lugar a dudas la multiplicaremos, destruyendo los incentivos para la superación personal, incentivando la maternidad irresponsable y fomentando la inmigración de pobres de países vecinos. ¿Quiere decir esto que debemos hacer la vista gorda con el hambre en la Argentina? De ninguna manera, significa que los instrumentos que diseñemos tienen que ser un puente para que los beneficiarios superen su pobreza y no un subsidio que perpetúe su situación y aumente su número.

¿Cómo serían esos instrumentos? En primer lugar, hay que desterrar los subsidios en efectivo. Además de permitir usos no deseables, los beneficios en efectivo atraen la demanda de quienes no lo necesitan y facilitan la corrupción de quienes los distribuyen. Los beneficios deben ser en especie (comedores escolares y comunitarios, centros de entrenamiento laboral, guarderías infantiles para madres que trabajan, etc.)

En segundo lugar, estos programas no pueden ser universales sino focalizados en la extrema pobreza. Los beneficios en especie deben ser puestos a disposición sólo en las localizaciones donde se concentra la pobreza. Movilizarse para asistir a un comedor comunitario en un barrio inconveniente es un obstáculo suficiente para que se auto excluyan los que no necesitan la asistencia, lo que permite evitar los costosos -y generalmente inválidos- censos de pobreza o el dedo clientelista que reparte dinero.

En tercer lugar, los beneficios deben ser condicionados. Los comedores escolares incentivan la asistencia escolar. Las guarderías deben limitar el beneficio a las madres que trabajan. Las escuelas pobres, los comedores comunitarios y las guarderías infantiles deben ser el campo de acción de asistentes sociales que se involucren con soluciones para la salud, la procreación responsable y el entrenamiento laboral de los pobres.

En cuarto lugar, los beneficios deben ser atendidos cuando sea posible por las iglesias o por organizaciones no gubernamentales que no tengan una agenda política. El estado nacional debe hacer transferencias directas a estas organizaciones, evitando intermediaciones burocráticas. Para asegurarse la calidad de gestión de las organizaciones privadas, el aporte estatal puede condicionarse a que esté correspondido por aportes privados.

Finalmente, no podemos lanzar un programa ambicioso contra la pobreza con las fronteras abiertas a la inmigración de pobres. Debemos previamente cambiar la política inmigratoria y hacerla selectiva. Un inmigrante calificado es parte de la solución, pues tendrá empleo formal y pagará más impuestos que los beneficios sociales que recibe. Un pobre no calificado aumentará los problemas, ya que no pagará impuestos y se sumará a la lista de los pobres a atender.

Una política asistencialista que responda a estos criterios sería muy superior al consenso que se está creando alrededor del subsidio universal a la niñez. Pero cuánto mejor sería dependerá críticamente de la calidad de los condicionamientos. Incentivar la concurrencia escolar tendrá valor si recuperamos la calidad de la escuela pública. Limitar la procreación irresponsable dependerá del trabajo educativo de las asistentes sociales. Abrir oportunidades a través del reentrenamiento laboral dependerá de la calidad de esos programas.

Pero si bien es cierto hay que aprovechar todos estos márgenes para derrotar la pobreza y no perpetuarla, no hay que perder de vista que el objetivo final es crear las condiciones para que todos los argentinos tengan un empleo digno sin necesidad de recurrir a la dádiva estatal que los degrada y los entrampa en la pobreza. La lucha contra la pobreza estará perdida si el intervencionismo económico y la inseguridad de los derechos de propiedad fugan capitales y destruyen la inversión que genera empleos. La lucha estará perdida si seguimos impidiendo las oportunidades del campo en el interior y apilando una pobreza mucho más difícil de manejar en los cordones urbanos.

Populismo e Industrialismo

El gobierno no se cansa de defender el modelo industrialista por los supuestos beneficios distributivos que tiene. Sus convicciones parecen ser muy profundas, si las juzgamos por el empecinamiento con que se ha enfrentado con el campo y por el aprovechamiento que está haciendo de la crisis internacional para introducir cada vez más trabas a las importaciones. La disminución en los índices de pobreza y cierta mejora en los indicadores de distribución del ingreso parecieron darle la razón hasta el 2006, pero lo ocurrido desde entonces y la comparación de la situación actual con las décadas anteriores, está destruyendo la supuesta evidencia.

El industrialismo tiene enormes costos económicos al hacernos perder oportunidades excepcionales en los mercados internacionales. Tiene además consecuencias políticas perversas pues transforma a la autoridad presidencial en árbitro permanente de lo que sería justo y debería ganar cada sector, tarea que contribuye decisivamente para tener gobiernos totalitarios detrás de una fachada democrática. Pero si además el modelo fracasa en sus supuestos méritos distributivos, ¿qué argumento queda para sostenerlo? Ningún argumento válido queda en pie. Su subsistencia sólo se explica pues es un instrumento útil para el poder de políticos populistas y porque coincide con los intereses espurios de la industria que se beneficia de la protección.

La evidencia distributiva
Unas décadas atrás, Argentina era una isla de clase media en medio de una región latinoamericana caracterizada por sociedades “duales”, con pocos muy ricos y muchos pobres. Hoy Latinoamérica continua siendo la región de peor distribución del ingreso pero Argentina ha dejado de ser una excepción y se ha “latinoamericanizado”. En la década del 70 Argentina tenía un coeficiente Gini de 0,36, muy similar al de los países industrializados (0,35), mientras que Latinoamérica tenía en promedio un coeficiente de 0,49. En la actualidad, Argentina tiene un coeficiente Gini similar al promedio latinoamericano (alrededor de 0,50) mientras que el coeficiente Gini de los países industrializados ha permanecido constante. El empeoramiento distributivo en la Argentina ha sido notable y excepcional en un mundo que ha crecido y ha sacado a mucha gente de la pobreza mientras ha mantenido sus niveles históricos de dispersión distributiva.

El modelo industrialista del Kirchnerismo se atribuye el mérito de haber reducido la pobreza y mejorado la distribución el ingreso, pero sus éxitos solo pueden mostrarse en relación al momento del colapso en el 2002. Según Ernesto Kritz, los indicadores distributivos mejoraron entre el 2002 y el 2006, pero han vuelto a deteriorarse a partir de entonces. La pobreza según sus medidas privadas habría retornado al 32.3% de la población en el 1er semestre del 2008 y este nivel es superior a cualquier año de la Convertibilidad, cuando la pobreza era de alrededor del 25% de la población. En materia de distribución relativa, la brecha de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre es ahora prácticamente la misma que en el último trimestre de 1998; seis puntos mayor que a fines de 1994; y 12 puntos mayor que en octubre de 1988.

Desde el 2002 el modelo industrialista ha justificado meter la mano por todos lados en la economía pero en materia distributiva estamos peor que en la Convertibilidad, mucho peor que en los 70 y para colmo, estamos nuevamente empeorando. Además las mejoras distributivas desde el 2002 tuvieron mucho que ver con el punto de partida –una crisis profunda- y una subsiguiente situación internacional muy favorable. ¿Dónde están entonces las bondades distributivas de este modelo?

Populismo e industrialismo
El industrialismo, definido como el modelo económico que a través de múltiples formas de intervención privilegia el desarrollo industrial sin importar su eficiencia, ha sido históricamente el modelo económico del populismo latinoamericano. La asociación íntima entre populismo e industrialismo deviene de la supuesta capacidad del desarrollo industrial para mejorar la distribución del ingreso, que es el objetivo excluyente del populismo. El populismo privilegia el desarrollo industrial porque supuestamente da empleo y beneficia a los pobres; y condena a los demás sectores a un rol subsidiario de apoyo al desarrollo industrial, pues serían sectores que fundamentalmente generan rentas para los ricos. Así el modelo industrial exige que el sector agropecuario pague retenciones a la exportación para que haya alimentos baratos que aumenten el salario real y las masas urbanas tengan mayor capacidad de comprar bienes industriales. También exige que se graven las exportaciones de energía y otros insumos industriales, para que la industria tenga costos bajos y pueda “agregar valor”. Exige que se controle el sector financiero, para que haya tasas de interés que permitan el financiamiento barato de la industria o el financiamiento del consumo de bienes industriales. También controla las tarifas de servicios esenciales para evitar la reducción del salario.

En definitiva, el industrialismo es el brazo económico de la discriminación populista, de esa forma de hacer política que divide a las sociedades entre los buenos (los pobres) y los malos (los ricos), entre los supuestamente productivos (la industria) y los supuestamente rentistas parasitarios (el agro, el comercio y los servicios). ¿Pero cuán evidente es que un programa industrialista, que interviene a doquier en el sistema de precios, restringe las importaciones y grava o prohíbe las exportaciones, sea un instrumento eficaz para el desarrollo económico y la mejora de la distribución del ingreso? Cuando se lo aplicó, el modelo industrialista resultó en procesos de recuperación rápidos pero efímeros, que duraron lo que la circunstancia internacional favorable le permitió, como fue el caso del peronismo en el 46 o en el 73. La evidencia internacional demuestra que el crecimiento sostenido lo han logrado aquellos países que se han abierto a la globalización, exportando a los países desarrollados sus producciones más eficientes. En muchos casos, como China hoy, ese crecimiento exportador ha estado concentrado en productos industriales, pues se trata de sociedades con abundante, barata y esforzada mano de obra. Pero ha sido un crecimiento industrial eficiente, incentivado por las oportunidades del comercio exterior y no un crecimiento industrial artificial, basado en la protección arancelaria y limitado al mercado interno. En una economía abierta y competitiva, el crecimiento industrial argentino sería más concentrado en los sectores agroindustriales, pero con un mercado mundial enorme que no limitaría sus posibilidades de crecimiento.

El crecimiento de la economía argentina desde el 2002 no es demostración de las bondades de un modelo que ya nadie aplica, sino una repetición de un golpe de suerte con los precios de nuestras materias primas, como el de 1946 o el de 1973. Pero ¿por qué esta estrategia no ha servido siquiera para mejorar la distribución del ingreso en relación a un periodo supuestamente “concentrador” como el de la Convertibilidad? Ante todo el modelo tiene limitaciones importantes para redistribuir ingresos. Las retenciones abaratan los alimentos pero esto beneficia no solo a los consumidores de menores ingresos sino también a las familias urbanas de ingresos medios y altos. El impacto negativo de las retenciones no se limita a los grandes terratenientes sino incluye a los pequeños propietarios y a los pobres rurales cuyos ingresos dependen directa o indirectamente de la producción agropecuaria. El gasto social que se financia con las retenciones se dilapida en buena parte en clientelas urbanas que no son los verdaderos pobres. La protección industrial no necesariamente significa más empleo y más salarios para mano de obra poco calificada, sino mayores salarios y empleo de trabajadores calificados y rentas cuasi monopólicas de sectores protegidos que utilizan intensivamente bienes de capital. Los subsidios públicos se dirigen a subsidiar el precio de la energía y el transporte que es masivamente consumida por poblaciones urbanas de ingresos medios y altos.

Pero además, el modelo se completa con otros instrumentos que empeoran sistemáticamente la distribución del ingreso. El más importante es una política de fronteras abiertas que permite una inmigración de pobreza de países vecinos, que deprime los salarios de los nativos más pobres. La manipulación de la tasa de interés y las expropiaciones periódicas del ahorro fugan capitales y dejan al sector productivo sin financiamiento de largo plazo. Un clima adverso para los negocios limita la reinversión empresaria y aumenta el retorno del capital que se arriesga a permanecer en el país. Una pésima educación pública, que no hace nada por aumentar las capacidades de la población de menores ingresos, es otro factor decisivo para el deterioro sistemático de la distribución del ingreso.

Argumentos económicos y políticos para cambiar el modelo
Hay razones económicas y políticas muy poderosas para cambiar de modelo. Tal como lo hacen la mayoría de las economías que prosperan en la globalización, la primera regla es que hay que maximizar las oportunidades que brinda el comercio; y una vez que el país esté lanzado al crecimiento sostenido por esta vía, hay que redistribuir mediante instrumentos impositivos que no maten la gallina de los huevos de oro, esto es, que no aborten las ganancias potenciales del comercio exterior. La primera prioridad es liberar a la economía de controles, impuestos y restricciones a la exportación y a la importación, como han hecho exitosamente nuestros vecinos, los socialistas chilenos.

Cuán intenso debe ser el esfuerzo distributivo del Estado es materia de debate, pues toda intervención tiene costos de eficiencia que deben ser considerados frente a los eventuales beneficios distributivos. Pero una regla debe quedar en claro: la igualdad ante la ley. A diferencia del efecto que producen los controles de precios, las retenciones o la protección arancelaria, los impuestos a las ganancias gravan por igual a quienes tienen rentas similares, sean productores agropecuarios, capitalistas industriales o profesionales exitosos. Las intervenciones discriminatorias en el sistema de precios nunca deben ser usadas como instrumento distributivo. Los impuestos a la renta o a la propiedad son los que deben cumplir esa función.

El libre comercio y la no intervención en los mercados no son una mera propuesta económica, sino también un requisito esencial para el funcionamiento de una política genuinamente democrática. Se trata de terminar con Presidentes que operan como árbitros dictatoriales juzgando cuánto debe ganar cada sector y utilizando toda la fuerza pública para imponer su justicia, confrontando a la sociedad y separándola entre buenos y malos. Cuando el modelo se agota y el poder envilece, se termina hasta con los amigos del modelo y el industrialismo desarrollista empieza a “profundizarse” y degenera en un estatismo populista. En ese proceso estamos ahora, pero lo que hay que recordar que la fuente original del problema es la atribución que le otorgamos a nuestros presidentes de convertirse en jueces omnímodos de la justicia distributiva, muchas veces con la intención espuria de ser los favorecidos en el reparto de protecciones y prebendas.

El intervencionismo económico es una razón fundamental que atrae y consolida dictadores en un sistema presidencialista como el nuestro y esta es la principal razón política por la cual el intervencionismo debe ser reemplazado por un árbitro objetivo, que es el funcionamiento de los mercados, en un ambiente de máxima competencia y apertura a las oportunidades externas. ¿Y si los resultados de este modelo son juzgados como injustos por la sociedad? En este caso la política deberá consensuar la magnitud de la intervención distributiva, pero basada en instrumentos impositivos que igualen ante la ley y a través de programas de gasto que eviten el clientelismo y minimicen los incentivos perversos que generalmente tienen sobre el comportamiento de los beneficiarios. Habrá que revisar también una política inmigratoria que nos inunda de pobres de países vecinos, impide el aumento del salario no calificado, aumenta la marginalidad y la presión para programas sociales. Habrá que cambiar drásticamente la política educativa para darle oportunidades a los que hoy no las tienen.

Los intereses reinantes
Populismo e industrialismo son dos caras de la misma moneda, cuya esencia es la discriminación económica y el totalitarismo político. Es un modelo que divide a la sociedad, que está en las antípodas de una genuina democracia e impide el crecimiento sostenido alcanzable a través del comercio. La mayoría de los países emergentes han abrazado el modelo opuesto, luchando por ingresar a la comunidad europea o acceder al mercado americano. La permanencia de este modelo en nuestro país se explica por la mentalidad de políticos totalitarios que medran “arbitrando” un modelo de supuesta justicia social y por los intereses espurios de los sectores económicos que se benefician con la intervención estatal.

Lo importante no es que las elecciones de 2009 y 2011 terminen con el matrimonio presidencial, sino que terminen con un modelo de hacer política y manejar la economía que hasta hoy predomina en la mentalidad de nuestra dirigencia y que nos hundirá cada vez más.

Una depresión de expectativas

Morales Solá empieza su nota del Domingo 28 de Diciembre con la cita “el kirchnerismo, como ciclo político histórico, está terminado.” La razón fundamental sería que la crisis mundial está destruyendo el único aspecto positivo de este ciclo, el crecimiento económico. La recesión se sumará así a la imagen de corrupción y avasallamiento de las instituciones para generar un desprestigio probablemente suficiente para dejar a los Kirchner sin el poder de gobernar.

¿Explotará la situación económica antes de las elecciones? Las condiciones externas han empeorado mucho, pero la vulnerabilidad económica no es tan grande como en el 2001. Todo depende de factores imposibles de predecir como la magnitud y persistencia de la sequia, la evolución de nuestros precios internacionales y las medidas de ajuste que el gobierno introduzca, incluyendo la política cambiaria y la contención del gasto público necesaria para compensar la caída de la recaudación impositiva. Por ahora el gobierno ha dado muestra de querer evitar un eventual colapso financiero –que sería políticamente terminal, como lo fue para Alfonsín y de la Rúa- permitiendo aumentos de la tasa de interés y ajustando las tarifas públicas aún a costa de enajenar el voto de la clase media. Pero lo que no podrán evitar es la recesión económica y el aumento del desempleo. Para ello el único instrumento que les queda será continuar distorsionando las estadísticas con la esperanza de engañar al electorado.

Escenarios políticos
La perspectiva entonces es que los Kirchner salgan muy debilitados de las elecciones de 2009. Ante su probable debilitamiento político, el peronismo está generando una oposición propia, para preservar el partido hegemónico (el peronista) en una eventual caída del gobierno kirchnerista. Ya hay una carrera dentro del peronismo para heredar el poder de los Kirchner en la que se han anotado desde Duhalde, pasando por Solá, De la Sota, Rodriguez Saa y hasta el mismo Reutemann. Ninguna posibilidad estará excluida en el intento de salvar la imagen del peronismo como el único partido capaz de asegurar la gobernabilidad, incluso la posibilidad de consagrar oportunamente un líder extrapardidario como Mauricio Macri.

Paralelamente, Carrió está tratando de ampliar su base aliando al radicalismo y al socialismo y sumando dirigentes agropecuarios. Su apuesta es que la crisis que se avecina será la primera en tres décadas que sorprende al peronismo en el poder y lo desgastará sin distinciones. ¿Cómo haría Duhalde para escapar a su responsabilidad de haber apadrinado a Kirchner? ¿Cómo escaparía la mayor parte de la dirigencia peronista a la responsabilidad de una participación cómplice durante la gestión kirchnerista? Su mayor desventaja es sin embargo la convicción mayoritaria que Argentina es ingobernable con el peronismo en la oposición…

¿Cómo sería la transición? Hay quienes creen que ante un mal resultado electoral, Cristina Kirchner renunciaría y Cobos completaría el término hasta el 2011. Pero el escenario de renuncia no parece el más probable para un matrimonio que a partir de ese acto quedaría expuesto a la persecución judicial. Es más probable que luchen por cualquier medio para mantenerse en el poder, utilizando incluso el fraude electoral. Si falsean las estadísticas oficiales, ¿por qué no van a intentar el fraude, si se trata de mantenerse en el poder? Pasarán muchas cosas graves en nuestro país -incluso un convulsionante juicio político- antes que el matrimonio Kirchner abandone la Casa Rosada.

Su juego ahora es aguantar de la mejor manera, minimizar el daño en las elecciones del 2009 utilizando cualquier medio a su alcance –como la compra de medios y el silenciamiento de periodistas hostiles- y esperar que la economía mundial y los precios de las commodities repunten a partir del 2010. Un escenario en que los Kirchner “zafan” las elecciones del 2009 aprovechando una atomización de la oposición y recomponen su poder a partir del 2010 al amparo de una eventual recuperación económica mundial, es poco probable -y sería muy desagradable para quienes creemos en las instituciones y la libertad- pero todavía no es descartable.

El escenario más probable sin embargo es un debilitamiento irrecuperable de los Kirchner y una puja electoral en el 2011 entre el peronismo hoy opositor y un frente radical-socialista. Si esto fuera así, lo anecdótico y superficial es que estaríamos retornando a una versión del viejo bipartidismo peronista-radical. Más importante desde el punto de vista político es que el electorado enfrentaría nuevamente una opción entre una promesa de purismo institucional y ético del frente radical/socialista y la promesa de gobernabilidad del peronismo. Hay quienes desde la derecha ven en esta hipótesis política la posibilidad de recrear un peronismo pro mercado y abierto al mundo, como el que intentó Menem, aunque quizás esta vez sin los errores fiscales ni los excesos monopólicos del proceso privatizador. Quienes pongan la esperanza en el frente radical socialista pensarán en cambio en recuperar una república ética que termine con la corrupción y el abuso de las instituciones que casi siempre caracterizó al peronismo.

Los problemas profundos
El problema es que estas opciones se plantearán una vez más en campañas huecas -sin discusión de temas fundamentales- en las que surgirá un mandato superficial y difuso. El problema de los mandatos difusos es que quien gane podrá ejecutar políticas incluso opuestas a las insinuadas durante la campaña. Pero más importante aún, nuestros vicios institucionales y problemas económicos estructurales son tan profundos que difícilmente puedan o quieran cambiarse. Repasemos algunos de ellos.

Ante todo, nuestra clase política es profundamente antidemocrática, afectada por el síndrome de la perpetuación en el poder. Esto afecta fundamentalmente al peronismo, pero tampoco estuvo ausente en el gobierno de Alfonsín, donde la idea de generar el Tercer Movimiento Histórico impulsó inicialmente el accionar de la Coordinadora. La reelección de Menem y el insólito intento del matrimonio Kirchner de alternarse en el poder a perpetuidad, son los ejemplos más cercanos. La sociedad obviamente convalida esta cultura antidemocrática, reeligiendo candidatos (sean intendentes, gobernadores o presidentes) sin percatarse que la tolerancia ciudadana a estas prácticas es lo que incentiva a que nuestros políticos sacrifiquen todo (comportamiento ético, instituciones democráticas y prudencia económica) al servicio del objetivo excluyente de perpetuarse en el poder. ¿Cuáles son las chances que el presidente que surja en el 2011 no se sirva de la corrupción, respete las instituciones y no ponga la economía al servicio de intentos reeleccionistas? Quizás ésta sea una fortaleza relativa del frente radical/socialista, si es que el electorado la supiera apreciar y creyera que cumplirán con esa promesa implícita.

En segundo lugar, toda nuestra clase política cree en y compite en base a un populismo distribucionista. En algunos casos se trata de una convicción genuina que el Estado puede fácilmente mejorar la situación de los pobres. Este es el caso de Elisa Carrió, quien ha venido proponiendo un subsidio universal a la niñez. En otros casos, principalmente dentro de la dirigencia peronista, se trata de un mero aprovechamiento político de la pobreza con programas discrecionales para cooptar votos.

Ya llevamos 25 años de democracia y durante este periodo la distribución del ingreso ha empeorado y se ha consolidado en niveles “latinoamericanos” (un coeficiente Gini de 0,48). Por supuesto que el problema responde en parte a fenómenos globales -la incorporación de India, China y otros emergentes al mercado mundial, con salarios bajos que se cuelan a través del comercio-, pero existen “políticas de estado” implícitas, avaladas por toda nuestra dirigencia política, que agravan el problema e impiden cualquier solución.

¿Cuáles son esas políticas de estado? La primera es una política de fronteras abiertas a la inmigración de pobres de países vecinos. La ley de inmigración sancionada en el 2003 abrió legalmente las fronteras sin condicionamientos y legalizó la situación de inmigrantes ilegales. Basta recordar que esta ley no fue una iniciativa exclusivamente peronista, ya que su patrocinador fue el hoy senador Giustiniani, un dirigente clave de la alianza radical/socialista. Por supuesto que esta ley goza también del consenso de las centrales empresarias industriales, que se benefician con los bajos salarios informales a los que nos condena el flujo inmigratorio. Con esta política cualquier intento de disminuir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso atraerá nuevos pobres de países vecinos. Será un barril sin fondo que exigirá cada vez más impuestos y contribuirá a una economía menos competitiva, para fracasar de todas maneras en mejorar la distribución del ingreso.

La segunda política de estado que nadie quiere o se anima a tocar es la política educativa. La única manera de rescatar la marginalidad sería mediante una educación de calidad igualadora de oportunidades. Pero este objetivo es inalcanzable cuando la política educativa está dominada por los intereses del gremio docente, que sólo busca mayores remuneraciones sin mayor capacitación; y estabilidad laboral incondicional, para que los maestros mediocres no sean desplazados por maestros capaces. Mientras la profesión docente no combine buenas remuneraciones con capacitación y exigencia para ejercer la docencia, no habrá solución para la pobreza a través de la educación. ¿Pero qué político se animará a poner el interés de padres y alumnos por encima del interés gremial? Si lo hiciera, ¿tendrá el apoyo de la población para enfrentar la reacción gremial e imponer un curriculum educativo exigente?

La tercera política de estado implícita, que es inalcanzable y de efectos perversos, es la pretensión de tener un estado de bienestar que, al estilo europeo, alcance a toda la población. Pretender por ejemplo que todos se jubilen cuando solo el 40% aporta, lleva sistemáticamente a blanqueos recurrentes e incentivos crecientes para no aportar. Es el premio al evasor y el castigo al cumplidor, cuya jubilación está condenada a ser miserable -en relación a lo que aportó- pues el Estado necesita “promediar” para pagar la jubilación de los que no aportaron. La otra consecuencia de jubilar a todo el mundo es que la presión impositiva sobre las generaciones jóvenes tendrá que ser cada vez más alta para cubrir un déficit previsional creciente. Pero claro, ¿qué político con intenciones de perpetuarse en el poder puede oponerse al “derecho social” a una jubilación aún cuando nunca se haya aportado para ella? Hasta la Sra. Carrió estuvo de acuerdo con la estatización de las AFJP, su oposición sólo estaba motivada por la preocupación que el gobierno kirchnerista se beneficiaría en el corto plazo.

En tercer lugar, la mayor parte del espectro político está en contra de la libertad de comercio exterior, en este caso acompañado por los intereses proteccionistas industriales. Lo que ha hecho este gobierno es una aberración, prohibiendo o gravando exorbitantemente la producción agropecuaria y protegiendo industrias en las que no tenemos ventajas comparativas. Por supuesto que una parte importante de la oposición política estuvo a favor del campo en la pelea por las retenciones móviles. Pero nadie estaba a favor de eliminar las retenciones como una política de estado permanente, pues la gran mayoría de los políticos tienen incorporado el intervencionismo comercial como un instrumento para hacer justicia social. Menos aún hay acuerdo para una apertura a las importaciones como la del socialismo chileno, que es el camino para crecer sostenidamente produciendo –con tipos de cambio competitivos- aquello en lo que tenemos ventajas.

Entonces, la primera pregunta es ¿qué chance existe que un cambio político en el 2011 cambie los vicios centrales de nuestra política y de nuestra economía? ¿Podemos tener esperanzas que si ganara un peronismo “opositor” reniegue de las tradicionales prácticas corporativas y afán hegemónico de ese partido? ¿O simplemente mantendremos nuestros vicios profundos de la mano de un nuevo líder que se dedica a perpetuarse en el poder en lugar de gobernar bien para beneficio de todos? ¿Podemos tener esperanza que si ganara una alianza radical/socialista pueda combatir la corrupción y restaurar las instituciones democráticas sin arriesgar la gobernabilidad? ¿Qué esperanza hay de que Argentina se abra al mundo y sea competitiva, si estaríamos en manos de una dirigencia que quiere reproducir el modelo universal de bienestar europeo en una sociedad evasora y con libre importación de pobres de países vecinos?

En un reciente artículo Mariano Grondona sintetiza estas preocupaciones argumentando que los pactos circunstanciales que se están perfilando para derrotar a los Kirchner no son suficientes, no solo porque el Kirchnerismo podría seguir siendo una primera minoría después de las elecciones del 2009 sino también porque la “conjunción no tendría que limitarse a una suma de pequeños pactos electorales sino que debiera apuntar además al gran Pacto fundacional de una nueva república, como fueron el Acuerdo de San Nicolás que siguió a la derrota de Rosas en Caseros, en 1852, y los Pactos de la Moncloa que se firmaron en España a dos años de la muerte de Franco, en 1977.”

Pero ¿puede esta dirigencia política producir un Pacto fundacional que vaya más allá de consensos irrelevantes cuando no perversos, como el que generó la reforma constitucional de 1994? Las esperanzas de que haya cambios significativos en nuestros vicios profundos son escasas, con Pacto o sin Pacto e independientemente de quien gane en el 2011. La culpa en última instancia no es de los políticos, sino de los electores, que ya sean pobres, clase media o empresarios, desean vivir de la promesa que el Estado siempre se hará cargo de protegerlos y hacer justicia. Con esta cultura del electorado sólo habría apoyo político para cambios profundos si ocurrieran fenómenos extremos como el que protagonizó Allende en Chile en los 70, un desastre político y económico mayúsculo que cambió drásticamente la opinión pública.

Pero mientras ese tipo de catástrofe no se produzca, la pregunta de fondo es si es posible ir mejorando lentamente removiendo a los Kirchner y reemplazándolos por algo un poco mejor. ¿Es posible que avancemos sostenidamente con una pésima educación pública? ¿Es posible que avancemos con la decadencia cultural que propagan libremente los medios de comunicación? ¿Es posible que disminuyamos las disparidades sociales con fronteras abiertas a la pobreza vecina? ¿Es posible mejorar la seguridad interna con una marginalidad creciente? ¿Es posible evitar que el narcotráfico aproveche nuestras vulnerabilidades sociales para instalarse como un cáncer intratable? ¿Es posible al menos que nos vaya bien económicamente, más allá de coyunturas favorables de nuestros precios de exportación, cuando nos cerramos al comercio y tenemos una presión impositiva creciente que ahoga al sector privado?

Como no tengo la respuesta, les dejo las preguntas…