Una Educación para el Siglo XXI

Sin una buena educación no hay un futuro promisorio. Motivados por esta idea, hemos realizado un trabajo durante dos anos y medio que nos ha convencido que el deterioro educativo es enorme y que si no se realizan cambios profundos en la organización de nuestro sistema educativo, nuestro país está condenado a la decadencia cultural, a un crecimiento económico mediocre y a una marginación social creciente.

A esta situación no hemos llegado por casualidad. Durante décadas, la política educativa se ha diseñado a medida de los intereses corporativos de los gremios y de la burocracia estatal. Uno de las consecuencias más notables ha sido el deterioro del status y de la calidad de nuestros docentes: es evidente que ya no tenemos, como en décadas lejanas, señores maestros y profesores educando a nuestros hijos. Ahora tenemos, según lo dice la propia secretaria general de CTERA, “trabajadores de la educación”. A este punto hemos llegado porque durante décadas la educación ha estado al fondo de la lista de prioridades de nuestra clase política y porque la administración de los recursos públicos ha estado afectada por las ineficiencias y la desidia de la administración estatal, sea ésta nacional o provincial.

¿Cómo podemos pretender que la educación se transforme en una igualadora de oportunidades y reductora de brechas económicas, si la tenemos en manos de trabajadores de la educación mal remunerados?. Imposible. Hay que hacer un cambio copernicano en la calidad de la docencia. Y esto no es sólo cuestión de tener maestros instruidos, que conozcan realmente la materia que enseñan, sino también de maestros capaces de transmitir con su ejemplo los valores esenciales del esfuerzo y la responsabilidad individual, que son esenciales para formar personas que puedan desarrollar una vida fructífera. Invertir en educación requiere poner a los mejores a enseñar, no que la profesión docente sea el destino de los que no consiguen otra cosa.

Lejos de ese ideal, nuestra educación es hoy la transmisora de la cultura del tango Cambalache. Tal como en el tango, todo da igual, nada es mejor. El Estatuto del Docente trata por igual a un burro que a un gran profesor. La estabilidad del docente, defendida a rajatabla por los lideres sindicales, significa que los intereses de ñoquis y malos maestros se anteponen a los intereses de los buenos maestros y de los alumnos que necesitan de buenos maestros para poder superar la pobreza de sus familias.

Otro ejemplo del cambalache educativo es la ideología imperante en nuestra burocracia educativa. La gran idea es “contextualizar” el aprendizaje, lo que significa enseñar y exigir a los alumnos de acuerdo a su contexto socioeconómico. Para ellos lo importante es que el niño concurra al colegio, que no ande vagando por la calle y si es necesario que tenga una comida diaria. Lo importante es el rol del maestro como asistente social. La enseñanza es secundaria. La calidad de la enseñanza se menosprecia y la exigencia al alumno desaparece, pues se cree que si se le exige, se arriesga la deserción escolar. Todos pasan de grado, da lo mismo que sepan o no sepan. Lo importante es que todos tengan un titulo, no importa si aprendieron y cuánto aprendieron. El camino populista a la igualación de oportunidades es darles a todos un título similar, aunque este signifique cada vez menos.

Por supuesto, los resultados son desastrosos. Se estafa a los jóvenes dándoles títulos que les hacen creer que están preparados para la vida y cuando se enfrentan con la realidad, la frustración es enorme. El daño no es sólo por falencias de conocimientos sino también por las falencias de carácter que surgen al no inculcarle a los chicos desde muy pequeños los hábitos del esfuerzo y la responsabilidad individual. El ejemplo que reciben en cambio es el método de la protesta social.

El statu quo educativo nos condena a la decadencia cultural y económica, y a una creciente exclusión social. La opción es clara: Cambiar radicalmente la educación, liberarla de la mediocridad de la política, ponerla al servicio de los padres y de los buenos maestros y de un objetivo de igualdad de oportunidades, que hoy se declama pero que no existe. Sin un cambio drástico y sustantivo de la política educativa, no hay solución posible. La pregunta clave entonces es cómo hacer una reforma que mejore simultáneamente la calidad y la equidad educativa.

La respuesta es que, ante todo, tenemos que pasar del cambalache en el que todo da igual, a un sistema que otorgue incentivos apropiados a maestros, colegios, padres y alumnos.

Los alumnos tienen que enfrentar incentivos poderosos para el esfuerzo académico. Es imprescindible recrear una cultura meritocrática. Para asegurar ese cambio, el instrumento idóneo es un sistema de exámenes nacionales externos a los colegios, pero hecho sí con la seriedad que no tuvieron las mediciones de calidad en la última década. Un tema crítico es que la aprobación de estos exámenes tiene que ser condición para la promoción de grado en los primeros años y condición para la graduación en las etapas finales de la escolaridad. La presión de los exámenes es un elemento insoslayable para el esfuerzo escolar y la única manera de garantizar la objetividad de los mismos, es que se trate de exámenes nacionales administrados seriamente.

Los colegios tienen que tener incentivos para competir sobre la base de calidad. Una pieza central para que se dé una competencia sana, es que el subsidio estatal sea proporcional a la cantidad de alumnos que el colegio sea capaz de atraer, en un sistema en el que los padres tengan completa libertad de elección de colegios, incluyendo libre elección entre colegios públicos y colegios privados subsidiados. Esa presión competitiva en pos de la calidad educativa tiene que producirse en un pie de igualdad entre colegios estatales y colegios privados subsidiados, por lo cual estamos proponiendo una perfecta igualdad de tratamiento regulatorio y financiero a cualquier tipo de institución que atienda la educación pública. Pero para avanzar en el camino hacia la excelencia, los colegios también tienen que tener la autonomía suficiente para mejorar, para lo cual otro ingrediente esencial es que sean los mismos colegios los que puedan decidir sus problemas, incluso la contratación, despido y remuneración de sus docentes.

Por supuesto que para otorgarle autonomía plena a lo que es hoy un colegio estatal, se requiere un cambio importante en la naturaleza jurídica de los mismos. Para ello es necesario convertirlos en entidades jurídicas distintas a la administración pública, dentro de la figura legal de “entidad pública no estatal”. Con este cambio de régimen jurídico será posible otorgar a las escuelas plena autonomía de decisiones. En esta propuesta, las escuelas serán gerenciadas por un consejo de administración y tendrán la capacidad de tomar todo tipo de decisiones, incluso las referidas a inversiones en infraestructura y decisiones de personal. Uno de los méritos de este cambio jurídico es que las diferencias entre una escuela estatal y una escuela privada sin fines de lucro, prácticamente desaparecerían, haciendo posible tener un régimen regulatorio y financiero único para cualquier tipo de escuela que atiende la educación publica.

En definitiva entonces, se trata de recrear una sana competencia por calidad entre las escuelas, basado en un subsidio que sea proporcional al número de alumnos que las escuelas pueden atraer y en un régimen regulatorio que trate por igual a escuelas publicas y privadas, ambas con plena autonomía de decisiones.

Otra pieza clave para lograr una mayor eficiencia y calidad, es el comportamiento de los padres. A través de la libre elección, ellos tienen la capacidad potencial de ir premiando a los buenos colegios y obligando a mejorar al resto. Pero para que puedan cumplir esa tarea eficazmente, tienen que ser provistos de la información adecuada. La clave pasa aquí por una información abierta y trasparente sobre los resultados obtenidos por los distintos colegios en los exámenes nacionales que se proponen.

Dentro de esta idea de proveer los incentivos adecuados, los maestros también tienen que tener incentivos poderosos para capacitarse y esforzarse. Esto requiere como condición básica que la profesión docente esté bien remunerada y sea atractiva frente a otras profesiones. Si así lo fuera, habría muchos candidatos a incorporarse a la profesión y las instituciones de formación docente podrían ser selectivas en el proceso de admisión. También permitiría que esas instituciones sean exigentes durante el proceso de formación y al momento de la graduación. Pero la mejora del plantel docente en cualquier caso requiere que haya movilidad, de tal manera de permitir que se incorporen los mejores y reemplacen a los maestros que no tienen la capacidad y la voluntad de esforzarse. Es por eso que el Estatuto del Docente debe ser eliminado. Si hay una profesión en donde no deben sobrevivir ñoquis y mediocres, esa es la docencia.

Ninguno de los objetivos que se plantean en la propuesta podrán lograrse si la educación sigue siendo administrada por la política y las burocracias, en donde el acomodo, la ineficiencia y el populismo son el modus operandi. Para aquellos que creen que la educación estatal es mejorable, deben reflexionar que no somos ni Alemania ni Japón. Esto es, la posibilidad de tener una burocracia meritocrática y eficiente al frente de la educación pública, es en nuestro caso una fantasía. Por eso la intervención estatal debe limitarse sólo a proveer el marco legal para que el sistema de financiamiento público asegure la igualdad de oportunidades educativas.

Un tema crucial en la nueva arquitectura propuesta, es que la administración del sistema educativo se separe de la política y quede en manos de entes independientes. El nuevo sistema requeriría básicamente dos entes para regular su funcionamiento:

• Uno es el Instituto de Financiamiento, cuya función es hacerle llegar directamente los fondos a las escuelas, de acuerdo con los criterios que la ley estipule.

• El segundo es el Instituto de Medición de la Calidad Educativa, encargado de administrar los exámenes nacionales.

La propuesta es que ambas instituciones sean independientes, con organismos directivos ajenos a la política. Esto es imprescindible pues existe sobrada experiencia respecto a las arbitrariedades de la política al momento de repartir fondos o de ocultar y distorsionar los resultados de exámenes nacionales.

La asignación de los recursos públicos a la educación debe ser cambiada radicalmente. El objetivo de igualdad de oportunidades requiere concentrar recursos públicos en el subsidio de la educación básica de los sectores más desfavorecidos. También hay una necesidad imperiosa de aumentar los recursos totales destinados a la educación, lo que es imprescindible para aumentar la remuneración de los maestros a niveles atractivos. El problema es que simultáneamente existe una restricción de hierro, que es el deterioro continuo de la situación fiscal. La pregunta es cómo solucionar este dilema. Y la respuesta es que la única solución posible es una participación mayor de las familias en el financiamiento de la educación. Para que esto pueda darse mejorando simultáneamente la igualdad de oportunidades, se propone concentrar los recursos públicos en el financiamiento de la educación básica de los sectores más necesitados, permitiendo que en los sectores de ingresos medios y altos, los padres contribuyan parcial y voluntariamente a la financiación de la educación de sus hijos. Dentro de esta línea, también se sugiere eliminar la gratuidad universitaria y reemplazarla por un sistema de becas y préstamos. Estos cambios permitirían simultáneamente aumentar los recursos totales dedicados a la educación y concentrar los escasos fondos públicos en quienes más los necesitan, para mejorar la igualdad de oportunidades educativas.

Esta es una apretadísima síntesis de la propuesta educativa de FIEL y CEP. El libro contiene el detalle de cómo realizar un cambio como el sugerido. No se limita a una declaración de principios básicos, sino que especifica al detalle cómo hacerlo. La propuesta no solo se ocupa de la educación básica sino también hay una propuesta completa para la educación superior. Es imposible contarles aquí la totalidad, por lo que solo me queda invitarlos a leer el libro.

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