La nueva política migratoria

Con la nueva política migratoria, los desempleados deberán competir aún más abiertamente con la inmigración de países vecinos para conseguir trabajo. El efecto más probable es que la recuperación económica no podrá “derramar” hacia abajo y mejorar significativamente la distribución del ingreso. Pero si el “derrame” no ocurre, probablemente tampoco habrá crecimiento sostenible, porque un gobierno progresista preocupado por una distribución del ingreso que no mejora, se verá impulsado a tomar nuevas medidas distribucionistas y expropiatorias que atentarán contra la inversión y el crecimiento de largo plazo. Esta es la trampa en la que nos ha metido la nueva política migratoria.

Una nueva política

El Congreso Nacional ha aprobado una nueva legislación migratoria, que beneficia fundamentalmente a residentes del Mercosur. La nueva ley restringe el ingreso a nuestro país sólo a quienes tengan documentación falsa o hayan sido condenados, aquí o en el exterior. Las facilidades para ingresar y residir son tan grandes que incluso se garantiza el acceso a la salud y la educación pública gratuita para inmigrantes irregulares. “Este proyecto va de la mano con la política del Gobierno en pos de la integración de los países del Mercosur”, dice el diputado socialista Giustiniani, que promoviera la nueva ley. Con esta apoyatura legal el Poder Ejecutivo tiene en estudio una regularización de la situación de ilegalidad de 700.000 inmigrantes de países limítrofes, así como la simplificación de los trámites para obtener una residencia transitoria y luego de dos años, la ciudadanía con plenos derechos. Sólo resta reglamentar la ley e instrumentar estas intenciones.

La política migratoria es crítica para definir el perfil de país que queremos ser. Así como la apertura hacia la inmigración fundamentalmente europea definió un país distinto al resto de Latinoamérica (con una participación mucho más importante de la clase media), esta nueva política migratoria irremediablemente nos asimilará cada vez más al perfil sociológico y de distribución de ingresos de nuestros países vecinos. La (prácticamente) libre movilidad de las personas en los países del Mercosur aumentará los flujos migratorios desde los países vecinos con salarios bajos hacia países como el nuestro, que tienen un mayor ingreso per cápita. Esta migración no calificada afectará, como lo ha hecho en el pasado, las chances de aumentar el empleo y los niveles salariales de la población actualmente más afectada por el desempleo y la marginación. Una sociedad “latinoamericanizada”, con profundas diferencias en la distribución del ingreso, ¿es el perfil de país que queremos consolidar?

Un tema controversial

Paradójicamente, una inmigración (prácticamente) irrestricta debería ser una bandera liberal, no de izquierda. El Presidente Bush acaba de proponer una legislación para legalizar la situación irregular de 14 millones de inmigrantes ilegales. La propuesta tiende a satisfacer los intereses empresarios, deseosos de aumentar la oferta laboral disponible para los negocios. También tiende a satisfacer los intereses del gobierno mejicano y de otros países latinos, que no quieren la deportación y el retorno de migrantes ilegales; por el contrario les conviene su estabilidad laboral en USA y la continuidad de las remesas familiares. El paralelo con nuestro país es claro: los beneficiados por la nueva política serán los países limítrofes que nos “exportarán” desempleo y se beneficiarán por las remesas familiares y los empresarios locales que contarán con una mayor oferta laboral a salarios bajos. Los afectados serán los sectores de menores ingresos, a quienes les será más difícil conseguir empleo con la competencia de inmigrantes de países limítrofes. Pero claro, una cosa es una política inmigratoria liberal en un país (USA) que atrae los ahorros del mundo y puede dar trabajo a locales y foráneos, y otra cosa es liberar la inmigración en un país (Argentina) gravemente afectado por la fuga de capitales y el desempleo. El daño a los sectores de menores ingresos será aquí mucho más acuciante.

Cuando advertí (en Noviembre del 2002) sobre la iniciativa migratoria del Mercosur y argumenté a favor del mantenimiento de restricciones , recibí muchos comentarios de empresarios en contra de mi postura. “Los inmigrantes vienen con unas ganas de trabajar que los argentinos no tienen”, fue una de las objeciones. “El espíritu de trabajo del inmigrante es un ejemplo constructivo para incentivar a que el trabajador argentino se esfuerce”. Son argumentos seguramente válidos cuando se observan casos específicos, pero en el marco general de crisis social que vivimos es también cierto que una política migratoria (prácticamente) irrestricta hará mucho más difícil que los argentinos desempleados y deseosos de trabajar, consigan empleo y que, una vez superada esta emergencia ocupacional, el (eventual) crecimiento económico “derrame” hacia abajo en la forma de mayores salarios. Una inmigración irrestricta “confirmará” la falsa tesis que el capitalismo nunca derrama hacia abajo, “justificando” un mayor intervencionismo estatal.

La incoherencia progresista

La nueva legislación puede considerarse progresista y a favor de los derechos humanos cuando se la compara con legislaciones fascistas, cuya intención es limitar la inmigración por razones étnicas o de “seguridad nacional”. Pero estos argumentos son hoy casi irrelevantes en nuestra sociedad. Lo que importa es el argumento económico y desde este punto de vista, la legislación sancionada es absolutamente inconsistente con las intenciones distributivas de un gobierno de centro izquierda. Una ley económica inviolable es que lo que abunda no vale; tiene alto precio sólo lo que escasea. Los países con mejor distribución del ingreso son aquellos en donde el capital abunda (porque se lo cautiva con seguridad jurídica y estabilidad de las reglas de juego) y la oferta de mano de obra no calificada es declinante (lo que depende fundamentalmente de la calidad educativa pero también de la tasa de natalidad de los sectores de menores ingresos y de las corrientes migratorias). Por el contrario, si uno quiere agravar los problemas distributivos, la receta infalible es expulsar el capital con políticas expropiatorias, descuidar la educación (incluyendo la educación de los adultos para una paternidad responsable) y abrir las puertas a la inmigración no calificada desde países de menor ingreso relativo.

Entonces, ¿cómo se entiende que un gobierno “progresista” sancione este tipo de legislación?. ¿Se trata meramente de una legislación “revanchista” que tiende a cambiar una ley por el mero hecho que fue sancionada durante el proceso militar?; ¿Se trata simplemente de ignorancia económica?. ¿O será que más allá de la retórica, el verdadero interés de los políticos está en la multiplicación de los pobres, porque esto asegura las mayorías electorales para los partidos populistas?

El peligro latente

La propuesta moderada que sugerí oportunamente fue retener una política que nos permitiera administrar la inmigración para limitarla a las capacidades laborales que se necesiten y cuando se las necesite. No tiene las mismas consecuencias autorizar la inmigración de maestras o técnicos calificados (que incluso ayuden a capacitar a nuestros pobres marginados), que autorizar la inmigración de quienes vienen a competir por sus puestos de trabajo. Tampoco es lo mismo autorizar una inmigración transitoria en épocas de bonanza, que autorizar migraciones permanentes de personal no calificado cuando tenemos problemas crónicos de marginalidad. Tampoco tiene sentido permitir el acceso a la salud y la educación de residentes ilegales, en detrimento de los servicios que se le puede dar a nuestra población carenciada. Menos aún tienen sentido amnistías generales que faciliten la residencia de extranjeros que realizan actividades ilegales y peligrosas.

La estrategia de crecimiento más apropiada para nuestras circunstancias es la adopción de un capitalismo competitivo, con seguridad jurídica, abierto al mundo y con una política fiscal austera y equilibrada. Esto es lo que incentivaría la inversión suficiente para crecer sostenidamente a tasas importantes. Pero esta política liberal debería ser acompañada por un toque de intervencionismo en la política migratoria, por lo menos hasta que la recuperación económica “derrame”, disminuyendo significativamente el desempleo y la marginalidad. Pero con la nueva política migratoria, el riesgo es que el derrame nunca ocurra, ya que la recuperación de la demanda laboral inmediatamente atraerá pobreza de países vecinos.

¿Pero qué ocurrirá si la distribución del ingreso no mejora a gusto del gobierno?. “Una sociedad puede ser pobre, pero lo que provoca inseguridad es el creciente grado de inequidad y de desigualdad. Esto es lo explosivo y peligroso. Hay que igualar, para abajo o para arriba. Pero no puede mantenerse la inequidad. Eso fue el germen de la Revolución Francesa”. Estas declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner auguran que si el “derrame” no ocurre, probablemente tampoco habrá crecimiento sostenible, pues un gobierno progresista preocupado por una distribución del ingreso que no mejora, se verá impulsado a igualar para abajo, tomando nuevas medidas distribucionistas y expropiatorias que atentarán contra la inversión y el crecimiento de largo plazo. Esta es la trampa en la que nos ha metido la nueva política migratoria.

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