La política salarial

Las presiones salariales se suceden, tratando de sacar provecho de un Presidente que, ansioso de plebiscitar su poder en las elecciones de Octubre, le cuesta decir que no. ¿Son legítimos los reclamos? La mayoría está convencida que asalariados y jubilados han perdido mucho y por lo tanto sus reclamos deben ser atendidos. La imagen es que el gobierno tiene superávit y por lo tanto puede aumentar sueldos públicos y jubilaciones. También creen que está bien que el gobierno obligue a los empresarios a conceder aumentos, pues han sido los principales beneficiarios de la devaluación y están ganando mucha plata. ¿Quién se puede oponer a la justicia de los aumentos de salarios?. Todos quisiéramos tener un país con mejores salarios y más equitativo, pero no podemos cambiar la realidad y sus limitaciones. Los salarios reales de la Convertibilidad no son un punto de referencia válido, pues sólo eran posibles con un endeudamiento insostenible. El superávit fiscal no puede repartirse, hace falta para repagar intereses y deuda y si quedara un margen, deberíamos pensar primero en eliminar los impuestos que afectan la competitividad y el crecimiento sostenible. Forzar aumentos salariales privados impide la superación del desempleo, mantiene una economía informal ineficiente y reduce la capacidad de ahorro e inversión del sector privado.

Una confluencia de opiniones

En los últimos doce meses, mientras el PBI creció a un ritmo del 8,5% anual, el empleo solo creció el 2,7%. Esta insatisfactoria creación de empleo se explica en parte porque el gobierno encareció artificialmente el costo laboral, aumentando el salario mínimo un 63%, y empujando aumentos salariales generales que rondan un 16% promedio (en Septiembre la tasa anual subirá a alrededor del 23%). Con un desempleo todavía altísimo, aumentos de esta magnitud nunca se hubieran producido de no mediar la intervención del gobierno.

El Presidente Kirchner, que pretende plebiscitar su gestión en las próximas elecciones, ha tenido un interés político espurio para practicar el populismo salarial. Pero aún fuera del gobierno, son muy pocos los que defienden la prudencia salarial. Está dentro de lo esperado que el sindicalismo y el pensamiento de centro izquierda, que hoy predomina en nuestro país, apoyen aumentos salariales y otras medidas distributivas que aumenten el consumo y el crecimiento del mercado interno. Pero lo notable es que hasta una parte del “neoliberalismo” que apoyó la Convertibilidad está en contra de este modelo de tipo de cambio alto, no porque esté (prácticamente) fijo sino porque su actual nivel implica necesariamente salarios bajos. “Corren por izquierda” al actual gobierno acusándolo de ser el único culpable de la devaluación y consecuente de la mayor caída del salario real de la historia argentina. Con esta crítica dejan entrever que volver a los salarios de la Convertibilidad sería deseable y posible, mediando la voluntad y las políticas correctas. Por supuesto los instrumentos que recomiendan son más liberales. En lugar de aumentos salariales por decreto, sugieren que el gobierno deje de sostener el dólar que, abandonado a las fuerzas del mercado, se caería estrepitosamente . El salario real aumentaría porque bajarían los precios en general y los alimentos en particular, no porque los salarios nominales aumentan por la gracia de Moyano y Kirchner.

Los empresarios y el Ministro Lavagna se han quedado solos en defensa del modelo del tipo de cambio alto y la prudencia salarial. El aumento de la tasa de inflación, que sobrevino tras la serie de aumentos salariales por decreto, es la evidencia negativa que les permite defender su posición. Su argumento central es que los aumentos de salarios, para no ser inflacionarios, tienen que ser acompañados por aumentos en la productividad laboral. Defienden también aumentos por empresa, ni generalizados ni obligatorios, que respeten las situaciones particulares y no obliguen a aumentar los salarios a aquellas empresas que no están en condiciones de concederlos.

¿Aumentos por productividad?

Si los aumentos salariales reflejaran aumentos en la productividad laboral, habríamos dado un paso positivo para evitar aquellos aumentos salariales que no tienen sustento y provocan aumentos de costos y precios, incentivan la informalidad, reducen la competitividad y desalientan la inversión. ¿Pero es ésta una mecánica práctica y posible?. Seguramente no es practicable en el sector público, donde no existen indicadores de productividad. Los aumentos de salarios públicos deberían haber sido postergados hasta que los impuestos extraordinarios y tasas exorbitantes que afectan la competitividad hubieran sido eliminados; y la racionalización del empleo público excedente creara márgenes genuinos para pagarles mejor a los que permanezcan empleados.

¿Es la productividad una buena guía para aumentos de salarios privados?. Es mejor que nada, si los indicadores existen y son confiables, pero es un indicador limitado que puede conducir a errores importantes. Ante todo, los aumentos de productividad (medida ésta como la relación entre la producción de las empresas y el número de sus empleados) pueden obedecer a que la empresa invirtió en una tecnología más moderna, que requiere menos empleados, y no responder al hecho que sus empleados sean más productivos. Si este fuera el caso, los mayores ingresos de la empresa deberán destinarse fundamentalmente a repagar la máquina, no habrá margen para, ni necesidad de, pagar más a los mismos asalariados. Esto es lo que ocurrió en buena medida durante la Convertibilidad, cuando el atraso cambiario y la desgravación de bienes de capital importados incentivaban la adopción de tecnologías modernas que prescindían de mano de obra.

El otro tema crítico es que, aún mediando aumentos de la productividad atribuibles a los empleados, no necesariamente eso se traduce en mayores ingresos de la empresa. Esto puede ocurrir cuando la empresa se enfrenta simultáneamente con precios declinantes para su producto. Cualquier empresa particular puede enfrentar la competencia de un productor local más eficiente, que lo obliga a bajar su precio. Pero lo que es macroeconómicamente relevante en la actual coyuntura internacional, es el efecto generalizado de la competencia china y brasilera (para mencionar sólo los casos más emblemáticos). El ingreso a los mercados mundiales de China y muchos otros países de salarios bajos (en relación a su productividad), enfrenta a la mayoría de los sectores industriales con la necesidad de competir con precios mucho más bajos que los históricamente conocidos.

¿Se necesita una política salarial?

Pero entonces, ¿sobre qué bases hay que fijar la política salarial?. Sobre ninguna. No tiene que haber una política de ingresos, hay que dejar que las empresas negocien libremente con sus empleados. ¿Pero esto no hará que los empresarios se aprovechen para pagar salarios miserables?. En el corto plazo estamos condenados a salarios reales bajos, por razones de oferta y de demanda. La razón de oferta es que el mercado laboral está todavía afectado por una elevada tasa de desempleo. Mientras el desempleo no se supere, es lógico que, con libertad salarial, los aumentos en la demanda laboral se reflejarían más en aumento del empleo que en aumentos del salario real. Una vez superado el desempleo, el crecimiento del salario real tendería a aumentar, pero cuánto lo haría dependerá de la competitividad de nuestra industria. Es aquí donde se torna crítica la estrategia comercial externa, pues si nos inclinamos a proteger a los sectores industriales más ineficientes y más afectados por el síndrome chino, la capacidad de la industria para generar empleo y mayores salarios será limitada en el mediano plazo.

Pero si la libertad salarial nos condena en lo inmediato a salarios bajos, ¿la intervención estatal no es positiva?. Absolutamente no, los aumentos del salario mínimo, los aumentos por decreto y los convenios privados “forzados” políticamente, mejoran la situación de los asalariados formales a costa de los informales, con consecuencias nocivas para el crecimiento de largo plazo. Aumentos salariales sin sustento suben costos y precios y aumentan la pobreza entre los trabajadores informales que quedan al margen de los aumentos. También los afecta indirectamente el hecho que los aumentos salariales disminuyen la demanda de empleo formal y así mantienen la sobreoferta laboral y los deprimidos salarios marginales. Las consecuencias nocivas para el largo plazo son la ineficiencia productiva asociada a la permanencia de la informalidad y la menor competitividad de los sectores más eficientes de la economia.

Y entonces, ¿qué hacemos?. El gobierno debe dejar de intervenir en la determinación de los salarios privados y retomar la prudencia inicial en materia de salarios públicos y jubilaciones. Generar empleo, aumentar los salarios reales y mejorar la distribución del ingreso no son objetivos alcanzables en el corto plazo con voluntarismo político. Esos objetivos dependen de las mismas políticas que determinan el crecimiento general de la economía, esto es:
• Dar confianza para aumentar las inversiones y no desincentivar el empleo formal con encarecimientos artificiales del salario.
• Adoptar una estrategia de apertura que incentive la expansión de los sectores más eficientes, reduciendo el peso del Estado y realizando una apertura en serio al comercio internacional y
• Mejorar la calidad educativa, pues sin capacitación nuestra mano de obra podrá competir en la globalización sólo percibiendo bajos salarios.

Hay que cambiar de mentalidad

En materia laboral todavía tenemos una mentalidad y una legislación laboral propias de un modelo corporativo de economia cerrada. Ese modelo de negociación política de los salarios es absolutamente incompatible con una estrategia de crecimiento liderada por las exportaciones, en las que el salario debería ser la resultante de los progresos en materia de inserción internacional y de las mejoras de la calidad educativa. Invertir el orden y pretender aumentar los salarios al margen de la realidad de la globalización y de las capacidades de nuestra fuerza laboral, solo hará abortar el proyecto aperturista y volveremos a un modelo de economía cerrada que agotará rápidamente nuestra capacidad de crecimiento.

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