El gasto p

La polémica del gasto público y de la reforma previsional es mucho más que una discusión técnica. Es la punta del iceberg de visiones polares sobre lo que pasó y lo que tenemos que hacer. Los argumentos que el gasto no aumentó y que el déficit fiscal fue sólo producto de la reforma previsional nos conducen directamente a la conclusión que hay que deshacer la reforma previsional y otras privatizaciones y que la solución a nuestros males incluye un aumento del gasto público, que provoque un shock distributivo y mejore el mercado interno. Si hacemos esto, nuestros males se acentuarán.

El debate previsional

Los déficit fiscales que (medidos sin “contabilidad creativa”) excedieron el 4% del PBI por año durante una década, son la explicación fundamental de una acumulación de deuda que nos llevó al default y al colapso económico. Pero muchos economistas prestigiosos (incluyendo Stiglitz) van un paso más allá y argumentan que el déficit fiscal se produjo por la reforma previsional. ¿Tiene sentido esta explicación?. Si fuera cierto, ¿cuál sería su trascendencia?. ¿Es un argumento válido para justificar la re-estatización del sistema?

En primer lugar, establecer causalidad entre la reforma previsional y el déficit fiscal es una arbitrariedad contable. Alternativamente uno podría interpretar que el déficit previsional se financió con los ahorros generados con las privatizaciones (en una suerte de paquete de reformas estructurales) y que el déficit queda por lo tanto explicado por un crecimiento espectacular del gasto público, medido por cualquier indicador que se elija. Sería una interpretación tan válida como la anterior. También es una arbitrariedad contable atribuir el déficit a la baja de aportes patronales. ¿Por qué no tener en cuenta los impuestazos, algunos de ellos incluso diseñados específicamente para compensar las bajas de aportes patronales?. El hecho es que cualquier asignación parcial del resultado fiscal es arbitraria.

El punto de referencia válido es en cambio el económico. El objetivo esencial de crear el régimen de capitalización fue aumentar la tasa de ahorro de la economía y crear un mercado de capitales de largo plazo para financiar la inversión privada. Para que el ahorro aumentara y quedara disponible para la inversión privada, era necesario que el sector público equilibrara sus cuentas después de perder los aportes que irían a las AFJP. Si no se lo hacía, los fondos de las AFJP no estarían disponibles para la inversión privada sino serían absorbidos por bonos emitidos para financiar el déficit público, tal como ocurrió. Las reformas estructurales se justifican por sus consecuencias de largo plazo (¡si se hacen bien, por supuesto!) y sus consecuencias fiscales de corto plazo tienen que ser compensadas con medidas adicionales. Si el equilibrio fiscal debía lograrse con aumentos de impuestos o bajas de gasto es otra discusión (la del tamaño deseable del sector público), que trato más adelante.

Existiendo la posibilidad de tomar otras medidas fiscales compensatorias es entonces una falacia argumentar a favor de la re-estatización del sistema previsional porque “provocó” el déficit fiscal. Para criticar la reforma previsional, deben utilizarse otros argumentos. Pero sus vicios estructurales tampoco justifican una re-estatización del sistema. La reforma previsional no fue una reforma “de mercado” y la mayoría de los vicios que se le atribuyen (comisiones excesivas, obligación de invertir en títulos públicos, etc.) son propios de un régimen paraestatal regulado que obliga compulsivamente al aporte de los asalariados. Las AFJP (como las Obras Sociales, las privatizaciones monopólicas y el régimen automotriz, para mencionar sólo algunos ejemplos) son instrumentos de un capitalismo corporativo que opera bajo la protección del Estado y que hay que cambiar. Para corregir sus defectos, la mejor alternativa no es la re-estatización o mayores regulaciones sino la desregulación y la adopción de regimenes más competitivos.

El debate del rol del Estado

Como quedó claro en mi artículo anterior (“El debate del gasto público”), el gasto público aumentó espectacularmente en la década anterior, por cualquier indicador que se adopte. Aún cuando tomáramos como indicador el gasto primario en términos del PBI, que es insuficiente por ser sólo una parte del gasto público, el gasto en el 2001 fue superior al de 1990 por alrededor de $ 15,000 millones de dólares, una cifra superior al déficit del 2001. A pesar de esta evidencia se argumenta que la raíz de nuestros problemas es un “estado ausente”, que no es capaz de compensar “los desvíos del mercado”.

Más allá de lo que ocurrió en la última década, el debate trascendente pasa por el rol del Estado de aquí en adelante. La izquierda y el populismo coinciden en un Estado aún más grande que el actual, planteando como modelo el tamaño del Estado en los países europeos. Su objetivo prioritario es lograr una sociedad más igualitaria. Creen, muchos de ellos de buena fe, que cobrando más impuestos al capital y aumentando el gasto social van a lograr ese objetivo. Creen además que un golpe distributivo que aumente el poder de compra de los sectores populares sería el camino seguro al crecimiento, pues recuperaría la demanda interna. Consideran que el Estado tiene la posibilidad de hacerlo aumentando la participación de los impuestos a la renta o las contribuciones patronales (que aparentemente pagan los empresarios), reduciendo los impuestos al consumo (que aparentemente pagan los pobres) y aumentando el gasto público (que aparentemente reciben los pobres). ¿Será realmente así?.

Esta visión (compartida por el populismo y el progresismo) es una utopía. En el mundo en que vivimos, donde el capital se fuga como agua entre las manos, pretender redistribuir ingresos a través de impuestos, es imposible. La razón es muy simple: si la rentabilidad no alcanza a compensar lo que se puede obtener en otros países, el empresario tratará de aumentar los precios; si no puede, intentará bajar los salarios; si tampoco puede, echará gente y si aún así los números no le dan, cerrará e invertirá en otro país. Cualquier impuesto que se crea, aún el intencionadamente más progresivo, lo terminan pagando los asalariados ya sea a través de mayores precios, menores salarios o directamente porque quedan desempleados.

Si los impuestos los terminan “pagando” los asalariados privados, hay una enorme porción de la actividad estatal que no se justifica. De lo que se lleva la corrupción, no hace falta ni hablar. También es injusto el gasto público que subsidia concesiones públicas monopólicas, los sueldos exorbitantes de jueces y políticos, las jubilaciones de privilegio, la universidad gratis para familias de ingresos altos, el subsidio a los productores de tabaco. También es absolutamente injustificado el gasto por un número excesivo de legisladores y de burócratas, incluyendo dirigentes gremiales del sector público que cobran sin trabajar. Pero la injusticia se extiende también al caso de los jubilados y pensionados fraudulentos y a los miles de ñoquis que sin ganar fortunas (pero mucho más que los asalariados privados) no producen nada y son mantenidos por impuestos que en definitiva “pagan” (sin darse cuenta) los asalariados privados. Todos estos son argumentos suficientes por los cuales el gasto no debió aumentar como aumentó y debe bajar significativamente. Cómo hacerlo es tema suficiente para otro artículo.

El diagnóstico está equivocado

Quienes abogan por la re-estatización del sistema previsional y por un aumento del gasto público y del rol distributivo del Estado, creen que el fracaso reciente obedece a contradicciones de fondo que tiene el proceso de acumulación capitalista, que requiere incluso el rescate de bancos y empresas quebradas. Un capitalismo sano, basado en la competencia y la prudencia fiscal, no tiene contradicciones de fondo ni necesita rescatar al sector privado. Es más, es capaz de producir crecimientos sostenidos notables, como lo prueba el caso chileno y el de muchos otros países. Los problemas de fondo los tuvo nuestro capitalismo “trucho” de los 90: esos problemas se originaron en la irresponsabilidad fiscal (exceso de gasto y déficit descontrolado), que obligó a los impuestazos, encareció el crédito y nos llevó al default. Una pésima inserción en el comercio internacional (con tipo de cambio atrasado y limitada al Mercosur) que devastó industrias e impidió un crecimiento exportador con valor agregado; y un enfoque de capitalismo prebendario, con monopolios artificiales y protecciones especiales otorgadas por el Estado, que benefició a pocos y contribuyó al “costo argentino”. La verdadera lección de este desastre económico es que tenemos que adoptar un capitalismo serio, competitivo, fiscalmente austero y responsable, como el de los países más exitosos.

Si triunfa el diagnóstico que aquí falló el capitalismo porque tiene contradicciones de fondo, volveremos a las fórmulas del peronismo del 45 y del 73. Continuaremos subiendo impuestos para aumentar el gasto social. Luego liquidaremos las AFJP para aumentar los recursos fiscales. Con el mismo argumento de allegar recursos al fisco, re-estatizaremos los servicios públicos, para quedarnos con la caja y hacer política social aumentando el número de ñoquis. El sector privado será cada vez mas chico por la migración de capitales y de los más capaces. Lo que vaya quedando de él será cada vez más pobre, porque tendrá que soportar (con las consecuencias de impuestos crecientes sobre sus salarios) un número cada vez mayor de gente que no trabaja o son ñoquis públicos por falta de inversión privada. Entraremos así en el círculo vicioso de la pobreza. Eso sí, seremos cada vez más pobres pero más iguales (como en Cuba), pues los más calificados se habrán ido a vivir a Miami o a Europa.