Las trampas del asistencialismo

El clientelismo político de los planes de Jefas y Jefes de Hogar es criticado por la oposición, que ve en ellos un instrumento de manipulación política. Alternativamente el ARI propone un sistema de subsidios universales, que llegue a todos por igual y por lo tanto elimine el poder discrecional del puntero político o del piquetero. Pero el clientelismo político es uno de los problemas del asistencialismo, pero no el único. Sea clientelista o universal, el asistencialismo perpetúa la dependencia mental y atrofia la capacidad de los asistidos para convertirse en ciudadanos responsables de su futuro. La solución pasa por limitar el asistencialismo a programas de emergencia que acoten sus incentivos perversos y orientar la política social a “enseñar a pescar, en lugar de regalar pescado”. La educación de calidad y la inversión que crea empleo son el único camino para disminuir la pobreza.

El proyecto del ARI

La propuesta “estrella” del ARI, que cuenta con muchas simpatías dentro del Radicalismo, la CTA, los partidos de izquierda y en general entre quienes favorecen el distribucionismo a través del Estado, consiste en la creación de un Fondo para el Ingreso Ciudadano de la Niñez (FINCINI). Este fondo pagaría en promedio alrededor de $ 80 mensuales por cada niño y adolescente menor de 18 años, independientemente de su condición social. Este beneficio se le entregaría sólo a la madre, incluso la embarazada, salvo que no tenga la custodia de los hijos. Según el mensaje que acompaña al proyecto, se trata del inicio de una nueva estrategia de subsidios universales que por ahora no puede ser más amplia porque las restricciones fiscales “impiden implementar de modo inmediato una red de seguridad en los ingresos que abarque al conjunto de los ciudadanos” (sic). El objetivo final parece ser que todos vivamos de la dádiva del Estado….

El proyecto tiene tres rasgos destacados: Primero, su extraordinario alcance. De hecho ningún niño queda excluido del beneficio, por lo cual todos los hogares argentinos van a recibir este subsidio estatal, inclusive los hogares de mayores ingresos. Los beneficios estarían condicionados a que las madres se controlen durante el embarazo y cumplan con la asistencia sanitaria preventiva, los planes de vacunación y la asistencia escolar de sus hijos. ¿Se habrá pensado en la nueva estructura burocrática necesaria para administrar y controlar un subsidio de este alcance? ¿Se han pensado los incentivos para la inmigración de países vecinos, para tener hijos argentinos que califiquen para el subsidio?

En segundo lugar, el proyecto tiene un sesgo “feminista”, ya que es la madre la receptora del beneficio. Pero al desplazarse al padre como receptor del beneficio, ¿se ha pensado en las consecuencias sociológicas de largo plazo? ¿Se han evaluado los incentivos que este régimen otorgaría para la destrucción de la familia tradicional, al hacer más prescindible la función del hombre como proveedor de la familia? ¿Se han evaluado las consecuencias sobre el aumento de la maternidad irresponsable de adolescentes solteras?

En tercer lugar, el proyecto supone un costo fiscal extraordinario. Al alcanzar a todos lo niños y adolescentes, el Fondo tendría un universo de 12,5 millones de beneficiarios (un tercio de la población) y un costo anual de $ 11.261 millones (2,7% del PBI). Pero el costo adicional de la medida sería menor en la medida que, tal como propone el proyecto, se reemplacen los Planes de Jefes y Jefas de Hogar, el salario familiar, las pensiones no contributivas, becas estudiantiles, el plan Familias, etc. Si estos programas se eliminaran (cosa que probablemente no ocurra), el costo adicional que deberá ser financiado con nuevas medidas impositivas alcanzaría a alrededor de $ 5,800 millones. Pero nuestra economía ya tiene una carga impositiva excesiva que promueve el desarrollo de actividades informales de baja productividad y crea un sesgo anti-exportador de nuestro comercio exterior. ¿Cómo vamos a reducir la evasión y fomentar la formalidad si los beneficios sociales están cada vez más disociados de las contribuciones personales y patronales?. ¿Se habrán pensado las consecuencias sobre nuestro potencial de crecimiento de políticas que en lugar de bajar los impuestos, los aumenten incesantemente?

Evitar que los planes sociales se utilicen como instrumento de manipulación política es un objetivo deseable, pero ¿es la profundización del Estado de Bienestar universal la respuesta apropiada?. Por supuesto que no lo es. El asistencialismo universal es una pésima manera de evitar el clientelismo político, pues genera sus propias consecuencias perversas. El asistencialismo universal es administrativamente costoso (particularmente cuando el Estado ha probado su incapacidad para administrar eficientemente). Es injusto, pues el beneficio incluye innecesariamente a familias de altos ingresos y financia esas erogaciones con impuestos que recaen aparentemente sobre los ricos, pero que en definitiva inciden sobre los más pobres. Es perverso, pues destruye la cultura del esfuerzo y la responsabilidad personal. Es ineficiente, pues obliga a una presión impositiva que atenta contra la productividad y el crecimiento. En el caso particular del proyecto del ARI, hay que agregar además las eventuales consecuencias sobre la maternidad irresponsable y la destrucción de la familia tradicional entre los sectores más pobres.

Ante todo la política social permanente tiene que estar orientada a igualar oportunidades, a “enseñar a pescar, en lugar de regalar pescado”. Esto es particularmente claro cuando se trata de personas en edad de trabajar, para quienes los subsidios crónicos al desempleo son destructivos de una cultura del trabajo. Si queremos subsidiar, subsidiemos la capacitación laboral y el empleo, pero no el desempleo. Las políticas asistenciales permanentes se justifican solamente en aquellas poblaciones vulnerables (ancianos y niños) y siempre que no tengan una familia en condiciones de darles una asistencia mínima. En el caso de los niños tiene que ser además un instrumento que asegure la asistencia y el esfuerzo escolar.

El primer requisito es entonces que los programas permanentes sean estrictamente focalizados a quienes los necesitan. Pero la focalización requiere seleccionar a quiénes son elegibles para recibir el subsidio estatal. ¿No es ésta entonces la puerta abierta para la discreción del puntero político?. Potencialmente sí, pero no necesariamente. El hecho que los planes de Jefas y Jefes de hogar se administren a través de punteros políticos y organizaciones activistas, no es un hecho inevitable sino una aberración que desnuda la corrupción de la política argentina. En los países normales el gasto social focalizado no es un instrumento de manejo político para el gobierno de turno. Si tenemos este problema, hay que solucionarlo directamente y no pensar en “soluciones” que provocan otros males mayores. Por otro lado, ¿por qué nuestra política no corrompería la administración del FINCINI? Si no tenemos una política decente y una burocracia eficiente, la alternativa preferible es poner la administración de los programas sociales en manos de las iglesias o de ONGs. que no tengan una agenda política. Estas tendrían además la ventaja de complementar el aporte estatal con las contribuciones privadas.

Los programas focalizados son también criticados porque es administrativamente costoso identificar a quienes verdaderamente necesitan la asistencia. Esto es cierto cuando se reparten subsidios monetarios, pero es un problema menor cuando la asistencia se da en especie. Es por ello que en lugar de repartir dinero, los programas sociales deben orientarse a mejorar la asistencia del hospital público, proveer el agua potable, crear y mejorar los comedores escolares y comunitarios, proveer albergues transitorios a los desamparados, mejorar la calidad educativa de las escuelas más pobres y proveer a la recapacitación laboral. Estos programas no enfrentan el problema administrativo de seleccionar los beneficiarios, ya que si las prestaciones son mínimas y se proveen en las localizaciones adecuadas, quienes recurran a ellos serán sólo quienes más lo necesitan.

La solución genuina para la pobreza y la indigencia es que Argentina vuelva a crecer sostenidamente . Para ello es esencial mejorar el clima para la inversión privada y mejorar la calidad educativa. Mientras tanto tenemos que estructurar los programas sociales de tal manera de evitar sus potenciales efectos perversos de largo plazo. La propuesta del ARI es un indicador que Argentina está en serio peligro de realimentar el círculo vicioso de la decadencia. Este se caracteriza porque ante una situación grave de pobreza e indigencia, la clase política reacciona con propuestas asistencialistas universales como solución permanente. El riesgo es que si se las implementa, la perspectiva de decadencia se agrava por dos motivos: por un lado, el aumento del gasto público y los mayores impuestos destruyen la competitividad, la inversión productiva y las posibilidades de empleo genuino. Por otro lado, la dependencia creciente de la dádiva estatal destruye la cultura del trabajo y (en este caso) la familia y la maternidad responsable. De este círculo vicioso es muy difícil salir, porque los pobres se multiplican y cada vez son más los que votarán a políticos populistas como los que proponen esta medida.